Bien habría podido la Fiscal Luisa Ortega redactar su "humilde" proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos con sólo tres artículos. "Artículo 1: Se derogan los artículos 57 y 58 de la Constitución, relativos a la libertad de expresión y de información, así como cualquier otro que colida con el artículo 2 de esta ley.Artículo 2: El Ministerio Público calificará como delito mediático punible toda información u opinión que sea publicada o difundida por medios impresos, televisivos o radiofónicos. Los jueces sancionarán con penas de seis meses a cuatro años de prisión a todo imputado por el MP, so pena de destitución inmediata.- Artículo 3: Se faculta al presidente de la República y a los ministros del Interior y de Defensa para calificar estos delitos". Este proyecto de ley, que infortunadamente para ella, quedará asociado a su nombre para siempre, es probablemente el texto legal más salvaje y brutal que haya sido conocido por el país en su historia contemporánea.
De hecho, el propio articulado, vago y difuso en cuanto a la tipificación de los supuestos "delitos mediáticos", abre un amplísimo espacio para el ejercicio de la discrecionalidad del Ministerio Público, el cual tendrá, naturalmente, la misión de calificar como delito lo que le de la gana ya sea de motu proprio o atendiendo la denuncia de un tercero, luego, imputar ante tribunales, de los cuales con toda seguridad (para eso está el efectodemostración de la destitución reciente de la jueza Alicia Torres), se obtendrá una sentencia condenatoria.
El proyecto transforma en sujetos punibles a todos los habitantes de este país.
"Cualquier persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación" (artículo 3), puede ser calificada como "delincuente" mediático. Un obrero de Alcasa, que denuncie el estado caótico en que se encuentran las empresas del aluminio en Guayana, estaría atentando contra la "seguridad del Estado"; un obrero petrolero que informe sobre la paralización de taladros, estaría atentando contra la "seguridad del Estado"; una información sobre armas venezolanas en manos de las FARC, atentaría contra la "seguridad del Estado"; una madre cuyo hijo ha sido asesinado y se queje de la indefensión en que se encuentra la población de los barrios, podría ser acusada de atentar contra la "paz social"; dar la cifra de muertos semanales podría generar "sensación de impunidad": delito mediático; un reportaje sobre los campos de golf en Cuba lesionaría la "moral pública" porque el jefe del Estado ya dijo que ese es un deporte "burgués", que no cabe en el socialismo del siglo XXI. Informaciones sobre paros, huelgas, protestas populares, lastimarían la "paz social". Y así, ad infinitum, porque es el gobierno quien paga y se da el vuelto. Por eso es que no es un asunto que atañe sólo a medios y periodistas. Toda la gente de este país está siendo desafiada por este esperpento "legal".
El proyecto de ley tiene que ser enviado a todos los gobiernos de América, a todos los medios de comunicación del mundo, para que todos puedan apreciar, por sí mismos, ante qué engendro totalitario y dictatorial está colocado nuestro país. No se necesita, ni siquiera, comentarlo. Es tan obvio, tan desnudo, en su intención represiva, que se explica por sí solo. Para no sotros, venezolanos, esta "ley" es un toque de zafarrancho de combate. Es de esperar que todos lo estén oyendo.
