En su estrategia para instaurar en Venezuela un comunismo con la impronta cubana, Hugo Chavez está contínuamente activando y desactivando diferentes frentes de batalla y blancos tácticos a conveniencia.
Por ejemplo, hace más de una semana le asestó un garrotazo al Sistema Electoral, al aprobar una Ley Orgánica de Procesos Electorales diseñado a la medida de su dictadura, en medio de una arremetida brutal a las radioemisoras.
Ahora, sacó de la manga una Ley Orgánica de Educación, a la sombra de una escalada conflictiva con Colombia y aprovechando las vacaciones escolares, cuando suponía que los padres y toda la comunidad educativa estaría desmovilizada.
Pero, según parece el tiro le estaría saliendo por la culata, al haber subestimado la reacción del sector democrático del país ante esta aberrante propuesta: mientras más se conoce su articulado, más tajante es el rechazo que genera en la ciudadanía.
La Ley es tan enrevesada y de tan difícil comprensión que es imposible abarcarla toda en este espacio de análisis. Como breves comentarios cabe destacar que, como ya es costumbre del Parlamento rojito, esta Ley está viciada de inconstitucionalidad.
Para empezar, viola los artículos 208 y 209 de la Constitución, referentes a cómo se diseña una ley. En 2001, de manera consensuada con todos los sectores de la sociedad, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Educación. Así, lo que restaba era que la Comisión parlamentaria revisara ese proyecto de Ley aprobado, argumentara legalmente cualquier modificación que se propusiera y se llevaran las eventuales modificaciones a segunda discusión del Parlamento. Esa normativa legislativa no se cumplió, y la propuesta que se presenta luego de ocho años de silencio legislativo, nada tiene que ver con lo aprobado en agosto de 2001.
Peor aún es que el nuevo proyecto de Ley que se dejó colar a la opinión pública la semana pasada viola el artículo 102 de la Constitución, el cual garantiza que en Venezuela la Educación está basada en los principios democráticos y en el respeto a las diferentes formas de pensamiento.
Otra anomalía legislativa es que se le otorga a los consejos comunales y otras “organizaciones sociales” rango de agentes educativos con potestad de intervenir y controlar el proceso educativo. Lo grave de esto es que dichos consejos son instancias financiadas por el Gobierno para construir un “nuevo modelo de Sociedad Socialista”, no contemplada en la Constitución. Con su injerencia se transformaría de hecho a la escuela en un espacio de quehacer político y de adoctrinamiento en los valores del proceso.
Además, el nuevo proyecto de Ley violenta el principio de autonomía universitaria. El Ejecutivo Nacional pretende controlar la ejecución del presupuesto y patrimonio de las universidades; la evaluación y el ingreso de los profesores y la elección de las autoridades universitarias, entre otros aspectos. La libertad de pensamiento se restringe sólo a aquellas instituciones a las cuales el Estado les reconozca autonomía y por tanto podrán disfrutar de “libertad” intelectual. El colmo es que se deja las otras instituciones de educación superior en un limbo, donde no queda claro ni siquiera si tendrían derecho a existir.
Para ponerle la tapa al frasco dictatorial, el proyecto de Ley establece un régimen altamente punitivo, con sanciones y penas especialmente dirigidas al sector privado y a los medios de comunicación.
Como si no fuera suficiente entre gallos y media noche del viernes pasado, se le agregó al proyecto de Ley una buena parte del articulado de la tan cuestionada Ley de Delitos Mediáticos propuesta por la Fiscal General. Con esto, se matarían dos pájaros de un solo tiro: No sólo se instaura el mecanismo “legal” para lavarle el cerebro a los niños y jóvenes, en pos del nuevo revolucionario, sino que a la par cercena a los padres y a la ciudadanía el derecho a denunciar tal barbarie.
