En estos momentos que nos encontramos asomados al quicio de una ventana con vista al precipicio de una bota, aún hay tiempo para visualizar un panorama que está allí, justo frente a nuestros ojos.
“Por razones de seguridad de Estado y en resguardo de la paz social” términos absolutamente fascistas, gorileros y retrógrados son los argumentos básicos para esta suerte de “coleo” de las libertades que tiene desatado un régimen que ya ni pudor tiene. Sí, “hiede” a bota, a charretera, a rolo y a gas del bueno. Pero más aún, hay incluso un tufo a cárcel para todo aquel que piense distinto. El andamiaje legal ya desarrollado con leyes restrictivas, con el cerco a Globovisión y con la persecución a la radio libre, tiene su clímax con las versiones que han salido como papeles de trabajo de la Ley Especial contra Delitos Mediáticos que tan orgullosa presentara la fiscal Luisa Ortega Díaz y que tan felices, casi que en éxtasis místico, aplaudieran los parlamentarios la semana pasada. En ese contexto se dijo muy claro: “hay que regular la libertad de expresión” ya que hay un panorama en el cual puede alterarse la “paz social” y la “seguridad del Estado”. Eso recuerda mucho a la época de doctrina de las cachuchas sureñas, pero para deslizarnos más y mejor en ese túnel del tiempo, la recomendación pudiera ser llevar a quienes violen esa versión aumentadísima de la mordaza (es decir, la mayoría) no a cárceles como propone la legislación por venir, sino a estadios de fútbol o de beisbol (para ser más autóctonos), en virtud del gentío que va a estar al margen de lo que allí se plantea.
Para que tengamos una idea. Uno de los artículos dice textualmente: “Definición de delitos mediáticos: son las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”. Visto así, irían a parar a “chirona” no sólo el periodista que dé la información del número de muertos el fin de semana, su jefe y el dueño del medio para el cual trabaja, sino la madre que ese lunes amaneció en la morgue clamando justicia por su hijo muerto gritándole al gobierno que acabe con tanta impunidad y que (por mala suerte o por pura rabia) se le ocurrió dar esas declaraciones ante el reportero de sucesos. Sí, alguien pudiera identificar eso como un atentado contra la salud mental por generar una sensación de inseguridad de acuerdo a la doctrina de la Defensora del Pueblo.
Este es tan sólo un artículo y apenas un ejemplo de las atrocidades de esta ley del neofascismo vestido de rojo. Así que la recomendación al gobierno es que cuando aprueben la misma, construyan bastantes estadios porque allí iremos muchos a parar.
